Fuero prenatal. Pago fraccionado o en cuotas de finiquito. Hipocresía gubernativa-legisladora y conducta funcionaria.

Hola, escribo esperando puedan ayudarme con una duda que tengo, en diciembre me dieron la carta de despido, la cual señalaba que el 28 de febrero se daba termino a mi contrato y ese mismo día se cancelarían mis años de servicio, llamé yo días antes para saber que pasaría y me dijeron que me llamarían, me llamaron a la semana siguiente para citarme, en cuya cita me preguntaron si me podían pagar el finiquito en cuotas a lo cual yo no accedí, me dijeron que entonces haga lo que tenga que hacer, lo cual implicaba hacer todo por instancias legales, en la espera del comparendo me enteré que estoy embarazada, de todos modos sé que mi embarazo se concebió posterior al 28 de febrero.
Mi consulta es la siguiente tengo derecho a fuero si aun no he firmado el finiquito, por otra parte, el hecho de no haberlo firmado me impidió tomar otra oferta laboral.
Esperando su respuesta
atte.
Gloria


MATERIA:
FUERO PRENATAL.
PAGO FRACCIONADO O EN CUOTAS DE FINIQUITO.
HIPOCRESÍA GUBERNATIVA-LEGISLADORA Y CONDUCTA FUNCIONARIA.


Estimada amiga.
El fuero prenatal se justifica por la existencia de embarazo, y tiene por efecto legal impedir el término de un contrato de trabajo por la sola voluntad patronal.
Si la contratación es a plazo fijo, obliga a la contraparte patronal a requerir el desafuero mediante la vía judicial.
Y, en la contratación por “servicios transitorios”, el fuero maternal, en la práctica, no opera.
En su específico caso, es usted quien -considerando pro y contras- debe decidir si invoca un estado de embarazo generado o iniciado con posterioridad al término contractual, para lograr prorrogar la contratación por un lapso mayor. Sólo usted conoce los detalles de tiempo, y si existe posibilidad de que haya sido anterior.

PAGO FRACCIONADO O EN CUOTAS DE FINIQUITO.
HIPOCRESÍA GUBERNATIVA-LEGISLADORA Y CONDUCTA FUNCIONARIA.

En lo que atañe al finiquito, su otorgamiento es una obligación empresarial que debe ser cumplida en forma inmediata al cese de la prestación de los servicios (dictamen 3251/191, de 1993, de la Dirección del Trabajo).
La indemnización por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo deben pagarse al momento de la terminación de los servicios, salvo acuerdo en contrario (artículo 163 del Código del trabajo). Sin embargo, el artículo 169 del referido Código permite a las partes acordar el fraccionamiento del pago de la indemnización, caso en el cual las cuotas deberán consignar los intereses y reajustes del período.
Implica un precepto hipócrita, injertado en el código del trabajo mediante ley 19.759, de 2001, ley “consensuada” por los dos bloques partidarios.
Sabemos que, tratándose del despido por necesidades de la empresa, su comunicación al trabajador supone una oferta de pago, no revocable por el empleador, del pago de la indemnización por años de servicios y de la sustitutiva de aviso previo (en el evento que tal aviso no se haya realizado).
En general, las indemnizaciones deben pagarse en un solo acto al momento de extender el finiquito. Así se entendió siempre, considerando la necesidad y el efecto jurídico inmediato del término del vínculo contractual.
Más aun, es una conclusión de sentido común.
Sin embargo, la llamada reforma laboral 2001, permitió a los empleadores lograr su fraccionamiento, previo “acuerdo” con los trabajadores despedidos aplicándose la causal “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”.
Hasta la creación de esta norma, el empleador debía pagar la totalidad de la indemnización en un solo acto, sin excepciones, sin posibilidad de extender el pago en el tiempo.
La nueva norma le brindó una vía, una posibilidad de no pago inmediato, que antes no poseía.
Con ello, el desajuste de la relación se acentuó. La presión por la urgencia de obtener el texto del finiquito es enorme, dado que al trabajador se le exige para otra contratación. Así, ninguna libertad real tiene para “elegir”; si se niega al deseo patronal, no tiene el finiquito y así no puede acceder a otro empleo.
Y esta hipocresía es lo que usted deja en evidencia, con su caso.
Respecto del órgano administrativo, ha instalado la “bilateralidad” como principio rector de sus actuaciones -incluso contra ley expresa-, con lo cual trata como iguales a dos partes totalmente disparejas en lo que atañe a su poder y capacidad, desvirtuando principios y torciendo fines del Derecho laboral.

NORMATIVA INTERNA CALIFICA COMO INFRACCIÓN Y ORDENA APLICACIÓN DE SANCIÓN.
Ahora bien, si la contraparte patronal se ha negado a pagar la indemnización procedente chantajeándole para que usted acepte el pago fraccionado o en cuotas, puede requerir se le sancione (multe), ya que tal conducta está expresamente contemplada como falta. En efecto, la propia normativa interna de la Dirección del Trabajo, en su documento interno denominado “TIPIFICADOR DE HECHOS INFRACCIONALES Y PAUTA PARA APLICAR MULTA ADMINISTRATIVA”, del año 2011, considera como infracción gravísima, el no pagar, en un solo acto, la indemnización por años de servicios – indemnización sustitutiva del aviso previo, al trabajador, al momento de extender el finiquito, de no existir acuerdo entre las partes para fraccionarla (Código del trabajo, artículos 169, letra a, y 506; código interno 1123-b).
Sin embargo, tales resguardos no pocas veces configuran adornos cosméticos. Recordamos lo ocurrido al cierre de la planta de Quilpué, V región, de la empresa INESA s.a., y la conducta de la pertinente Inspección Comunal del Trabajo, que autorizó ser reemplazada por un notario como ministro de fe, para actuar en la ratificación de finiquitos que implicaban pago fraccionado, o en cuotas, de deuda indemnizatoria.
Ello, pese a que en dictamen 5599/128, de 2005, la propia Dirección del Trabajo expresa que, frente a “un finiquito ratificado ante un ministro de fe distinto del Inspector del Trabajo, en que se invoca como causal de término de la relación laboral la prevista en el inciso 1º del artículo 161 del Código del Trabajo y en el que se incluye un pacto sobre fraccionamiento de la indemnización por años de servicio, pacto éste que, por tal razón, no cumple con los requisitos que para tal efecto exige la ley, correspondería instruir al trabajador para que recurra ante el tribunal a que alude el artículo 168 del Código del Trabajo y en el plazo allí establecido, con el fin de que se ordene y cumpla el pago del beneficio adeudado, no procediendo en tal caso la aplicación de la multa administrativa que por incumplimiento del pacto contempla el artículo 169 del mismo Código”.
Asimismo, la Dirección del Trabajo debe cursar sanción administrativa por la infracción configurada, esto es, la inobservancia por parte de la contraparte patronal de los requisitos que debe cumplir dicho pacto, infracción ésta que al no tener una sanción específica debe castigarse en los términos previstos en el artículo 477 del Código del Trabajo.
La Dirección del Trabajo –y sus Inspecciones- deben respetar su propia legalidad.
Recurra y exija el acatamiento de la normativa reseñada.
No hagamos más fácil su quebrantamiento.
No tolere otra conducta.
Procure respaldo sindical.
Saludos cordiales.

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