Dictadura y persecución ideológico-laboral 1973-1990. Lucha para calificación como exonerado político. Leyes 19.234, 19.582 y 19

Hola buenas tardes, mi consulta es si ustedes saben algo sobre la indemnización de los ex trabajadores de servicio de equipos mecanizados SEAM CORFO y en donde puedo hacer consultas les agradecería me pudiesen ayudar, de ante mano muchas gracias.
Ana.


MATERIA:
DICTADURA Y PERSECUCIÓN IDEOLÓGICO-LABORAL 1973-1990.
LUCHA PARA CALIFICACIÓN COMO EXONERADO POLÍTICO.
LEYES 19.234, 19.582 Y 19.881.
“SEAM-CORFO” Y “COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS”.


Estimada amiga.
Si se refiere a las prestaciones económicas reconocidas ya por la ley 19.234, de 1993 (sobre lo que denominó “beneficios” a exonerados políticos), la administración de dicha materia está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), anteriormente denominado Instituto de Normalización Previsional (INP). En dicho órgano público debe usted encontrar tal respuesta.
Si eventualmente se tratase del resultado de acciones promovidas ante el aparato judicial, juicios entablados por extrabajadores, procurando indemnización económica por el daño causado por la persecución y marginación laboral, usted debe dirigirse a su respectiva agrupación de ex compañeros de trabajo, si existiese.

LA OLVIDADA PERSECUCIÓN LABORAL PERPETRADA DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.
Su pregunta trae a la mesa que, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, el odio de los patrones, y la violencia contra el pueblo, ordenada por generales y almirantes golpistas, se desató especialmente contra trabajadores públicos y privados, y su dirigencia sindical.
La persecución, que en muchas localidades llegó al asesinato colectivo, no sólo se ejecutó, entre otros lugares, en el Complejo maderero y forestal de Panguipulli, el puerto de San Antonio o Calama; también en empresas privadas.
Al 31 de marzo de 2010, 1.480 empresas habían sido oficialmente reconocidas como entidades en las cuales se perpetraron tales marginaciones ilícitas; entre ellas ministerios y servicios, empresas públicas y privadas, grandes medianas y pequeñas. El alto número indica la extensión de la descarga del rencor patronal, que llegó a todos los rincones de Chile.
En su mayoría, sus víctimas fueron trabajadoras y trabajadores comprometidos con los ideales de Justicia social promovidos por partidos y movimientos de Izquierda. Delatados, expulsados y perseguidos por ello.

LUCHA SOCIAL PARA OBTENER REPARACIÓN.
Ya en junio de 1991, el Comando de Exonerados de Chile (constituido en 1989), en carta pública dirigida al entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares, denunció la actitud del gobierno concertacionista hacia los trabajadores perseguidos durante la dictadura, que motivó, ya en ese entonces, al menos dos huelgas de hambre, una en diciembre de 1990, y otra que se extendió entre el 22 de abril y el 4 de mayo de 1991.
El mismo comunicado señala que el 16 de mayo (de 1991), fue la última “reunión con el equipo de gobierno. En esta reunión, una vez más, sus autoridades recurren a sus habituales maniobras dilatorias, señalando que se enviará al Parlamento el Proyecto de ley, el mismo que originó la huelga de hambre, burlándose así de la buena fe de los exonerados…”.
En definitiva, en agosto de 1993 se promulga la ley 19.234, que oficialmente dijo establecer “beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente en situaciones que señala”, parcialmente reconoció cuatro vías, dos que no requerían poseer la calidad de exonerado político (jubilación por expiración obligada de funciones, y periodo extraordinario para solicitar desahucio).
Asimismo, estableció pensión “por gracia”, que requería poseer (y haber sido reconocida oficialmente), tal condición de exonerado.
En resumen, la ley 19.234, en parte debió admitir lo ilícito de la marginación laboral, aunque con insuficientes compensaciones y para un estrecho abanico de marginados. Lesionando particularmente a aquellos trabajadores de empresas privadas no intervenidas “oficialmente”.
Posteriormente, la ley 19.582 (año 1998), incorporó a los beneficios de la ley mencionada (ley 19.234) a los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de los aparatos armados, extendió ciertas prestaciones y otorgó nuevo plazo, de un año, para nuevas inscripciones. En 2003, la ley 19.881 otorgó un plazo adicional de inscripciones, de un año, a contar del mes de junio de 2003 hasta el 30 de junio de 2004.

EL CASO SEAM-CORFO.
La sigla “SEAM CORFO”, significó a la empresa Servicios de Equipos Agrícolas y Mecanizados, entidad estatal que se entiende estuvo bajo control militar-patronal entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990.
Trabajadores de ella son, hasta hoy, detenidos desaparecidos, como lo consigna el Informe Final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig (1991). Es el caso de Mario Moreno Castro, detenido desaparecido en Chillán, octubre de 1973. “Era casado y tenía 39 años de edad. Trabajaba en el Servicio Agrícola Mecanizado (SEAM), filial Corfo. Fue detenido el día 2 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otro trabajador de SEAM Corfo, por Carabineros y militares de Chillán. Su detención no fue reconocida. Mario Moreno permanece desaparecido desde la fecha de su detención”.
Varios dictámenes de la Contraloría General de la República abordan reclamaciones de exonerados políticos de tal empresa, emitiendo pronunciamiento en lo que atañe a sus derechos, a su monto o a su compatibilidad con otras pensiones que con su trabajo generaron.
Por ejemplo, pronunciándose sobre presentación formulada por Gonzalo Enrique Illesca López, ex funcionario y exonerado político, quien solicitó revisión de su pensión no contributiva. Frente a ella, Contraloría determinó que “Se encuentra vencido el plazo para la revisión de la pensión no contributiva, por gracia, de ex funcionario del antiguo Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, SEAM-CORFO, exonerado político. El abono de tiempo establecido en art/4 de la ley 19234, no puede ser considerado para los fines de calcular las jubilaciones no contributivas de antigüedad, vejez, invalidez o sobrevivencia”. Lo determinó así el dictamen 40.162, de fecha 27 de julio de 2009, que indica basarse en lo dispuesto en la ley 19.234, artículos 12, y ley 19.260, artículos 3 y 4.
Existen otros dictámenes contralores sobre temas semejantes; el 44.078, de 14 de agosto de 2009, y 28.466, de 17 de junio de 2005.
Son reclamaciones que, expresa o implícitamente, han evidenciado trampas o ardides insertos en la propia ley, tanto en las incompatibilidades que incrustó, como en imputar a las prestaciones y pensiones especiales que estableció (por esencia no contributivas, ya que alegaban compensar o indemnizar el sufrimiento generado por agentes estatales a instancia patronal), a fondos previsionales que los trabajadores ya habían acumulado, sembrados con el propio trabajo; así, en verdad, para muchos se planteó lo siguiente: “te doy esto, como ‘gracia’ por el sufrimiento ocasionado, pero te saco de acá, de tus fondos…”.

EL CASO COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS.
Ilustrando la represión político-laboral en Valparaíso, reproducimos una descriptiva carta pública, fechada en 1995, emanada del FRENTE DE TRABAJADORES EXONERADOS DE LA COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. (CHILETABACOS S.A.):

“1.- Estamos cumpliendo cinco años desde nuestra constitución. En 1990 un grupo de personas que trabajaron en la mencionada empresa tabacalera, incluso varios dirigentes sindicales, nos reunimos buscando superar las consecuencias que en los planos laboral, económico y previsional causó la marginación de ella. No está de más recordar que en septiembre de 1973 fuimos citados a trabajar regularmente, y estando en el recinto fabril, situado entonces en calle Colón de Valparaíso, mediando nóminas, personal armado nos arrestó, obligándonos a subir a camiones y bases y transportándonos a centros de detención; luego, al buque ‘Lebu’, atracado al molo del puerto.
Una vez puestos en libertad, se nos impidió volver a laborar, incluso infringiéndose disposiciones sobre fuero sindical. Ejemplos dramáticos envuelven la suerte del presidente del sindicato profesional o técnico de la Compañía, don René Crespo Sánchez, y del presidente del sindicato industrial de la misma, don Hernán Villarroel Acevedo, ambos citados a presentarse en el señalado recinto el 17 de septiembre de 1973 y, una vez allí, detenidos.
Al señor Crespo se le mantuvo arrestado hasta el 17 de enero de 1974, y aparece "retirándose voluntariamente'' de la empresa el 5 de noviembre de 1973. Al señor Villarroel se le mantuvo detenido hasta el 27 de diciembre de 1973, apareciendo ‘despedido’, pese a su calidad de dirigente aforado, en fecha 11 de octubre de ese año.
A ninguno se le formuló cargos.
La extrema gravedad de estos hechos, que comprometieron sus vidas y las de otros tabacaleros, se refleja en el destino de numerosos sindicalistas y trabajadores, consignado en documentos oficiales; es el caso de aquellos que laboraban en las empresas Elecmetal, Aerolite, Rayón Said, Rayonhil, Puerto San Antonio, Complejo maderero y forestal "Panguipulli” entre muchas, personas que fueron detenidas en circunstancias semejantes y ejecutadas en esos mismos días (Documento final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como ‘Informe Rettig’, de 1991).

2.- Pertenecemos a una generación sindical drásticamente castigada, no por actos ilícitos o delictuosos, sino por una conducta laboral sindical que aportó en el amparo de derechos fundamentales. Recordemos la implementación de normas eficaces para impedir arbitrariedades y cautelar la estabilidad del empleo, fijándose la obligación patronal de justificar las causas invocadas en el despido de trabajadores, causas que fueron establecidas en la propia ley (número 16.455, de 1966); y la ampliación del período de feriado anual, llegando en varios casos a veinticinco días (ley 16.424, de 1966).
También actuamos en la defensa de conquistas legales promovidas por generaciones anteriores; procede tener en cuenta, entre muchas, los fondos de retiro laboral, la participación de organizaciones sindicales en las utilidades de las empresas y la indemnización por años de servicio sin tope máximo (artículos 407 y 171 del Código laboral vigente en 1973).
Estos constituyeron avances, luego desconocidos por el Código del trabajo de 1994.
Sobre todo, participamos en la profundización del respeto y la dignificación del trabajador ante la sociedad chilena.

3.- Sobre la que fue nuestra empleadora, señalemos que la Compañía Chilena de Tabacos S.A., constituida en Valparaíso en el año 1909, ha generado un conglomerado empresarial denominado "Empresas CCT S.A.”, integrado por Chiletabacos S.A., Litografía Moderna S.A., Comercial Cerro Castillo S.A., y Malloa S.A.
Su propiedad reside mayoritariamente en entidades británicas (66% del capital accionario), declarando en 1993 activos por más de 61.000 millones de pesos. Su administración está a cargo de un directorio compuesto por personas de pública connotación. Su presidente es Carlos Cáceres Contreras, ex Ministro del Interior y de Hacienda; hasta su designación como actual Ministro de Hacienda fue también director Eduardo Aninat Ureta, sustituido hoy como tal por el ex Ministro de la Vivienda, Alberto Etchegaray Aubry (fuente: Superintendencia de Valores y Seguros).

4.- Desde 1990 que estamos solicitando a la empresa tabacalera el reconocimiento de los hechos acaecidos en 1973. A diferencia de otras, como la Compañía de Aceros del Pacífico, que asumieron su responsabilidad con los trabajadores exonerados, Chiletabacos S.A. no lo ha hecho aún. Pese a ello, en este lapso hemos actuado sin fatiga en múltiples gestiones, concretándose en estos precisos días una de carácter esencial. En efecto, de acuerdo a las disposiciones de las ley 19.234, de 1993, el Ministerio del Interior, mediante su Programa de reconocimiento al exonerado político, ha resuelto la calificación de la Compañía Chilena de Tabacos S.A., Chiletabacos S.A., como empresa cubierta por la ley sobre exonerados; asimismo, después de un examen individual de casos, se ha reconocido oficialmente nuestra calidad de exonerados políticos.
El Estado de Chile, conforme a la regulación y mediante el organismo que la propia ley 19.234 estableció, ha reconocido el carácter político de nuestra marginación laboral”.
Firmaron el comunicado su presidente, Juan Saldes Duarte, ex tesorero del sindicato técnico, extraordinario dirigente, hoy fallecido; Miguel Barrios Espinoza, secretario de la organización; Hernán Villarroel Acevedo, tesorero y ex presidente del sindicato industrial; Héctor Muñoz Gutiérrez, director, ex presidente del sindicato técnico, hoy lamentablemente también fallecido, y Humberto Ayala Núñez, director del Frente.
Le fechan en Valparaíso, en el mes de octubre de 1995.
Saludos cordiales.
19 de marzo de 2012.

Comparte este artículo: | Más