Consulta: Ley 20.248 (SEP), asistente aula, Estatuto docente y nueva causal de despido

Necesito saber si los establecimientos municipales pueden contratar asistentes de aula por la ley sep que solo tengan cuarto medio rendido o necesariamente tienen que tener estudios pedagogicos.
Gracias
Erika


MATERIA:
LEY 20.248 (SEP), ASISTENTE AULA, ESTATUTO DOCENTE Y NUEVA CAUSAL DE DESPIDO

Estimada amiga.
Aunque en la ley 20.248, 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, del año 2008, no aparecen disposiciones que específicamente reglamenten lo requerido por usted, esto es, requisitos para desempeñarse como asistente de aula, el espíritu que emana de múltiples preceptos de aquélla es proporcionar responsabilidades de aula, esencialmente al personal docente.
Tratándose de recursos adicionales, su destino se regula especialmente, abriéndose la posibilidad de operadores externos, pero con capacidad técnica. El artículo 20 de la ley dispone que, ”sin perjuicio de la subvención a que se refiere la letra B del artículo 14, los establecimientos clasificados como emergentes tendrán derecho a percibir un aporte de recursos adicional para contribuir al financiamiento del diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo a que se refiere el artículo anterior.
Para la implementación del Plan a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una persona o entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar incluida en el registro indicado en el artículo 30”.
No obstante la ventana de intervención externa, recién mencionada, acentúa la interpretación restrictiva el que la misma ley SEP., modificando el Estatuto docente, le añadiera nuevas causales de término contractual a su artículo 72, insertando como una de las nuevas causas de finalización (en verdad, de despido), la delegación, por parte del docente, del trabajo profesional en otras personas. Obsérvese la táctica legiferante para no despertar oposición real: en el mismo párrafo, junto a causas de despido tal vez socialmente aceptables, se incorporan otras, más cuestionables, ampliando enormemente el arbitrio patronal.
En efecto, “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: …c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas”.
Se torna menos probable la aceptación de asistentes, por parte de docentes, en la medida que genera situaciones en que puede imputársele la citada “delegación” como excusa legal para despedirle (encubriendo otros motivos patronales), aunque la contratación del asistente haya operado por la respectiva corporación o el sostenedor. Menos probable aun es si el asistente sólo posee 4º medio.
Si ocurriese, la forma de contratación (como dependiente, o mediante pago de honorarios), dependerá del tipo de vínculo (si existe o no subordinación y dependencia), según ya lo señalamos en otra respuesta sobre la ley SEP.
Quizás algún utilidad, en cuanto le ayude a fundamentar la importancia del rol del “asistente de aula”, pueda reportarle el siguiente comentario, consignado en las conversaciones parlamentarias (no podemos decir “debate”), sobre el texto cuando aún se tramitaba. En aquel entonces, una diputada esgrimía: “… parte de lo que se debe hacer con esos recursos es crear una escuela diferente donde, por ejemplo, el profesor cuente con un ayudante; porque cuando en un curso diez o quince alumnos presentan la condición de vulnerabilidad, no se necesita que el docente trabaje con ellos fuera del horario de clases, sino que durante la clase tenga el apoyo de algún asistente, porque esa intervención redunda en un beneficio para el curso.
Los recursos que se entregarán también permitirán que el establecimiento lleve a cabo ciertos apoyos específicos de manera individual a los niños vulnerables. Por eso, la subvención se entregará por niño, pero al establecimiento, de manera que lleve a efecto intervenciones que trascienda a los alumnos, a fin de que la comunidad educativa se adapte para acogerlos a todos, es decir, a los que tengan facilidades y a los que presenten dificultades” (págs. 210 y 211 de la Historia legislativa de dicho texto).
En este punto, permítanos expresar que, pese a lo sensibles que aparecen tales palabras, cualquiera que tenga alguna experiencia –y esos parlamentarios la tienen- sabe, desde un comienzo, que, atendiendo a la estructura educativa municipal y subvencionada que ellos mismos han protegido durante tantos años, la entrega de esos fondos al “establecimiento” (es decir, en la práctica, a la corporación municipal o al sostenedor particular), ocasionará que esos dineros se destinen, bajo denominaciones equívocas, a otros fines.
Por una parte un discurso seductor para el público, y, por otra, una regulación que en poco se ajusta a lo que de ella se dijo, ironía más reprochable si se observa que proviene del mismo grupo que la gestó.
Por último, comprobamos que el nombre de la ley hoy reaparece a raíz de destinaciones ilícitas de fondos, realidad semejante a la de la ley 19.873, de 2003, sobre Subvención Pro Retención de Alumnos; sin embargo, las distracciones pecuniarias de esta última quedaron –y quedan- en el silencio. El entorno es similar: por una parte, un régimen educativo municipalizado y subvencionado sostenido legislativamente por los dos grupos dominantes, y, por otra, gente modesta que continúa siendo burlada.
Procure respaldo sindical.
Saludos cordiales.
6 de mayo de 2011.

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