Presentación del libro, por el Historiador Sergio Grez Toso.

Mucho se ha escrito, y sin duda mucho se seguirá escribiendo, acerca de los “mil días de la Unidad Popular”. En todo el mundo, numerosos periodistas, sociólogos, cientistas políticos, economistas, historiadores, dirigentes políticos, defensores de los Derechos Humanos y militantes motivados por dejar la impronta de sus memorias en la Historia, han abordado desde las más variadas ópticas esta tentativa sui generis de inicio de transición al socialismo en Chile a comienzos de la década de 1970.

Si se estableciera un balance de la producción de conocimiento sobre esta materia en tan sola una de esas áreas o disciplinas (en nuestro caso la Historia), muy probablemente constataríamos que la perspectiva predominante es la de los grandes fenómenos y procesos políticos, teniendo como centro de atención los partidos y las instituciones del Estado (gobierno central, Fuerzas Armadas, Parlamento, Tribunales de Justicia, etc.). Ello en contraste con la retórica de la época del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular que apelaba al protagonismo de los trabajadores y sus organizaciones en la construcción del proyecto socialista.

No obstante esta somera caracterización, es justo señalar que desde poco después del golpe de Estado de 1973 y hasta nuestros días, algunos historiadores cuya propia historia militante los hacía particularmente sensibles a las exigencias de una “nueva Historia” (social y política), emprendieron la labor pionera de historiar la tentativa de los trabajadores chilenos de “tomar el cielo por asalto” entre 1970 y 1973, centrando la mirada en el protagonismo popular, especialmente de los obreros, campesinos y pobladores. Así, por ejemplo, en el área de estudios historiográficos más directamente relacionados con el tema de este libro –la original experiencia de los cordones industriales-, destacan los trabajos de los historiadores Hugo Cancino, Jorge Magasich, Patricio García, Miguel Silva y Franck Gaudichaud.

Este libro de la joven historiadora Sandra Castillo Soto se inscribe en la línea que privilegia la experiencia (individual y colectiva) de los sujetos populares. Pero su observación “desde abajo” del período de la Unidad Popular se realiza enlazando estrechamente lo social y lo político, evitando caer en la reiterada, y desgraciadamente casi siempre certera trampa epistemológica que tiende a disociar drásticamente lo social de lo político. El protagonismo popular observado y puesto de relieve por Sandra Castillo se vincula con aspectos estructurales (políticos y económicos), poniendo énfasis en ciertas coyunturas como el Paro de octubre de 1972, el “Tanquetazo” y el Golpe de Estado, para lograr una comprensión más global e integrada de las distintas dimensiones del fenómeno estudiado. Se trata, por lo tanto, de un análisis que es tanto de historia política como social puesto que busca develar tanto las relaciones como los desencuentros que se establecen entre estas esferas de la vida de hombres y mujeres en sociedad.

Desde el punto de vista teórico esto supone asumir que la historia social –y muy particularmente la historia del movimiento de trabajadores- posee una insoslayable dimensión política que los historiadores deben dar cuenta en todas sus implicancias so pena de reconstruir historias carentes de uno de sus atributos más significativos e importantes. Esta mirada también significa reconocer los influjos de lo social sobre lo político. Ambos elementos –la dimensión política de la historia social y la incidencia de lo social sobre lo político- son particularmente pertinentes cuando –como ocurre en esta historia- los trabajadores se organizan y movilizan por sus propios medios tras un proyecto autónomo de poder y de reorganización global de la sociedad.

Podemos entonces afirmar que el trabajo de Sandra Castillo constituye un valioso esfuerzo por rescatar los elementos políticos en la formación de las identidades populares, para desde ese núcleo central intentar descubrir los nexos entre la estructura y la cultura, las experiencias sociales y las políticas y las múltiples matrices en que se conforman los sujetos sociales, en este caso, la clase obrera y otros actores populares.

Tal vez el principal y más novedoso aporte de este trabajo sobre los cordones industriales consiste en el enlace entre el análisis estructural de los fenómenos sociales, políticos y económicos con las vivencias de hombres y mujeres (simples trabajadores, dirigentes sociales, estudiantes y militantes de izquierda), marcando así una diferencia con libros simplemente testimoniales o que circunscriben su análisis de las problemáticas históricas a las estructuras o los “grandes procesos”.

Por último, y esto no es un mérito menor, Sandra Castillo nos muestra con una maestría poco común en los exponentes más jóvenes de nuestra historiografía, como la construcción de los cordones industriales en tanto órganos con vocación de “poder popular”, fueron no solo una reacción defensiva frente a la agresión de la Derecha y del imperialismo, sino también la expresión del espíritu y los ideales de una época en que varias generaciones de militantes del movimiento obrero y popular confluyeron en la más profunda y poderosa tentativa experimentada en Chile por alcanzar el proyecto histórico de la emancipación popular.

Sergio Grez Toso

Santiago, septiembre de 2008.

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Extracto del Libro:

1. La Coyuntura de Octubre y el surgimiento de los Cordones Industriales

Durante el mes de agosto de 1972 se habían producido una serie de manifestaciones en contra de las políticas de gobierno, que aumentaron el clima de agitación social existente en el país, pero además pusieron en movimiento las bases de los partidos de oposición. Fue así como, al comenzar el mes de octubre ocurrió un hecho que, sería utilizado como excusa para desencadenar una crisis que tenía un fin específico: desestabilizar al gobierno y obligarlo a detener su programa de cambios o, en el mejor de los casos, provocar una intervención militar1. Estas iniciativas formaban parte de un fenómeno de mayor importancia, que puede ser atribuido a:

“[…] El deterioro del sistema de consensos había alcanzado un nivel álgido y los distintos actores sociales tendieron a desbordar los marcos institucionales existentes. Los factores generadores de la crisis de octubre, de carácter político, económico, social e ideológico estaban presentes y actuantes en el período que precedió a la coyuntura. […]

El cerco desde la institucionalidad al Gobierno, se complementaba con el asedio desde la sociedad civil, que alcanzó su mayor nivel de desarrollo en octubre de 1972. […] La ofensiva social opositora de octubre de 1972, se inscribió en un contexto de agudización de la crisis económica, de los problemas de abastecimiento, inflación, intensificación del “bloqueo invisible” de las transnacionales norteamericanas en contra de Chile. […]”2.

La “crisis de octubre” fue uno de los momentos culmines dentro las confrontaciones políticas entre la oposición y el gobierno. Pero su importancia radica no sólo en que se conjugaron una serie de factores, como los señalados, sino que el eje del conflicto se desplazó de la arena política institucional al escenario específicamente social, mostrando con real crudeza la lucha de clases que se estaba gestando en la sociedad civil.

1. La ofensiva de la Derecha: el “Paro patronal”

Los hechos acaecidos entre junio y julio de 1972 fueron sólo el preludio de una de las mayores pruebas que tuvieron que enfrentar tanto el Gobierno Popular como los trabajadores. Se trata del llamado “Paro de Octubre” o “Paro Patronal” que se prolongó por cerca de un mes, provocando serias pérdidas económicas al país y la agudización de la crisis política.

De esta forma, una pequeña chispa era necesaria para encender la mecha y ésta explotó en el extremo sur del país. En la provincia de Aysén, a raíz del proyecto del gobierno de crear una empresa estatal de transporte, el gremio del rodado declaró un paro indefinido de actividades (3 de octubre). Al día siguiente, los dirigentes del gremio en paro viajaron a Santiago donde recibieron el apoyo de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre. Ya el día 10 de octubre, se había adherido a la movilización la Confederación de Dueños de Camiones, dirigida por León Villarín, declarando un paro indefinido de actividades hasta que sus demandas fuesen satisfechas por el gobierno. Así lo informaba la prensa de derecha en la época:

“Sin incidentes, pero sin que el Gobierno se diera por aludido, la huelga de camioneros iniciada a las cero hora de ayer fue una lección de unidad gremial ante las amenazas latentes.

Unos 18 mil dueños de camiones entre las provincias de O’Higgins y Malleco paralizaron completamente sus actividades, limitándose a mantener brigadas de emergencia […]

El conflicto se originó por la decisión del Gobierno, a través del Instituto Corfo de Aisén, de crear una empresa estatal de transporte destinada a desplazar a los transportes privados que, por su propio esfuerzo han servido a la provincia solucionando gravísimos problemas de infraestructura existente. La medida fue considerada como el comienzo de un proceso en que el Gobierno, lejos de respaldar y estimular el esfuerzo de trabajadores cuyo único capital es el camión que trabajan, entra a disputarle su fuente de trabajo. […]”3.

Como puede apreciarse, el argumento de lo perjudicial que eran las políticas de gobierno para las clases medias y los pequeños propietarios en orden a despojarlos de sus fuentes de trabajo, es recurrente en el discurso de la oposición. Ello tuvo una importante influencia en la forma en que estos grupos medios estaban percibiendo su realidad inmediata, contribuyendo a que fuesen adquiriendo posiciones, en principio vacilantes, pero cada vez más convincentes, y decididamente anti-UP.

De ahí en más, el “efecto bola de nieve” hizo que rápidamente se sumaran a la paralización diversas organizaciones gremiales de empresarios y colegios profesionales y técnicos. Así, el 11 de octubre, el paro era de carácter nacional en el gremio del transporte; entre el 12 y el 16 del mismo mes se incorporaron los organismos patronales de la producción y del comercio: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio, además de organizaciones de medianos y pequeños empresarios y el comercio, que llamaron a paralizar las faenas. Mientras tanto, los Colegios Profesionales uno a uno fueron adhiriendo al movimiento de “resistencia civil”, siendo el último de ellos el Colegio Médico.

Por otro lado, la oposición, tanto el Partido Demócrata Cristiano como el Partido Nacional, apoyaron intensamente el movimiento y le dieron una dirección política unificada y coordinada en un frente anti-UP y anti-socialista, que superó las particularidades de cada organismo participante. Si bien, los democratacristianos intentaron mantener una actitud, relativamente, diferenciada con respecto a la línea dura del PN, lo cierto es que su respaldo a los dirigentes gremiales fue rechazado por algunas de sus bases populares que no se sumaron a la paralización. En tanto, la postura del PDC fue analizada por algunos de los integrantes del conglomerado de gobierno, quienes señalaban que:

“La actitud del Partido Demócrata Cristiano ha sorprendido a algunos sectores que creyeron realmente las declaraciones de esta colectividad en el sentido de que su oposición se diferenciaba de la del Partido Nacional.

Hoy avalan las acciones de sus socios en la Confederación para ir configurando un cuadro crítico y especialmente la resistencia civil propugnada por el Partido Nacional.

-“En estos días en que el país atraviesa por una situación difícil –declaró el miembro de la Comisión Política de la IC, Eugenio Díaz –la Democracia Cristiana ha reiterado su definición derechista y se ha situado en una posición que, por decir lo menos, llama a duda a quienes todavía confiaban en su carácter democrático.”. […]”4.

En tanto el gobierno, respondió ante el intento desestabilizador decretando una serie de medidas que se encontraban dentro de sus atribuciones constitucionales: declaración del estado de emergencia, primero de forma parcial y, luego, completamente en todo el país, entregando a las Fuerzas Armadas el control y el cuidado del orden público; el establecimiento de una cadena de radio y televisión obligatoria (OIR) para evitar que las radioemisoras de derecha propalaran noticias falsas e “incitaran a la sedición” y la cancelación de la personalidad jurídica a los Colegios Profesionales y a los gremios involucrados en el “paro patronal”. No obstante, una de las medidas más importantes, sin duda, fue la requisición, a través de la Dirección Nacional del Comercio (DIRINCO), no sólo de los camiones paralizados en las afueras de Santiago, sino también de las industrias y establecimientos comerciales que estuvieran sin funcionar. De esta forma, varias empresas, que formaban parte de las 91 que serían traspasadas al área social y otras que no se incluían en esta lista, fueron intervenidas y/o requisadas durante esta coyuntura, muchas de ellas por la propia denuncia de sus trabajadores, quienes alertaron de las intenciones de los dueños por paralizarlas.

Ahora bien, los partidos de izquierda llamaron a sus militantes a contrarrestar la ofensiva opositora a través del trabajo voluntario y una permanente movilización y vigilancia en diferentes puntos del país, en las fábricas y en las poblaciones. El llamado fue especialmente fructífero en las juventudes de los partidos tanto dentro como fuera de la UP, así como también en los sectores estudiantiles, quienes entregaron apoyo en las labores de carga y descarga de productos, especialmente, de alimentos y su distribución entre la población. Además, trabajadores y funcionarios de DIRINCO abrieron por la fuerza aquellos establecimientos comerciales cerrados con el fin de normalizar el suministro de alimentos al público y no darle lugar al mercado negro.

La Central Única de Trabajadores por su parte, hizo un llamado a los trabajadores a permanecer alertas y en constante vigilancia de sus fuentes de trabajo, manteniendo una disciplina laboral que permitiese apoyar al gobierno y superar la crisis. A través de una declaración pública, su Consejo Directivo, señaló:

“Las instrucciones entregadas por la Central Única a las bases trabajadoras son las siguientes:

1. Establecer equipos de emergencia a nivel máximo de la organización sindical, en las siguientes áreas:
* Organización, para garantizar las comunicaciones y su funcionamiento;
* Transporte, para colaborar activamente en las acciones que las autoridades dispongan a fin de normalizar esta actividad;
* Abastecimiento, para garantizar el consumo popular.
2. Realizar asambleas sindicales de breve duración a fin de enfrentar el paro patronal discutir las medidas pertinentes y aplicar los acuerdos de la CUT. […]

d) Reforzar e impulsar la vigilancia y protección de las empresas; estableciendo:

- Turnos permanentes, hasta nueva orden, en todas las empresas y servicios;

- Turnos permanentes de dirigentes en todos los niveles de organización sindical;

- Las comisiones de protección de las empresas.

e) Garantizar con la movilización activa de los trabajadores el financiamiento normal del proceso de producción. Evitar el paro que puedan intentar los patrones, impidiendo el cierre de las empresas, y tomando el control de estos cuando el empresario persista en su actitud. Impulsar el trabajo voluntario, especialmente en empresas que producen bienes de consumo popular”5.

De esta forma, la CUT impartió directrices para que la producción no decayera, pero siempre ciñéndose a sus organismos de dirección, es decir, órdenes impartidas “desde arriba”, lo que implicaba que las bases no actuaran por su propia cuenta. Aún así, el llamado a impedir el cierre de las fábricas y tomar su control encontró eco en amplios sectores de trabajadores y significó un paso decisivo en el reforzamiento de su conciencia y experiencia como grupo social, acciones que los colocaron en el centro de las transformaciones sociales y políticas........